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Proponen sanciones a quien abandone a adultos mayores

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La diputada Patricia Jaramillo García, presentó al Pleno del Congreso del Estado
una iniciativa para adicionar un párrafo segundo al artículo 198 del Código Penal
para el Estado de Tlaxcala, con el objetivo de sancionar con tres meses y hasta
tres años de prisión a la persona que abandone a un adulto mayor incapaz de
valerse por sí mismo.

En la iniciativa que se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Justicia del Congreso del Estado para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente, Jaramillo García expuso que esta sanción se aplicará
únicamente a la persona que tenga la obligación de cuidar al adulto mayor, ya que
el abandono de éstos es un evidente problema social.

En la vigésima sesión ordinaria celebrada este jueves, dijo que las sanciones para
quienes abandonen a los adultos mayores se hacen necesarias porque en México,
cada día 850 personas cumplen 60 años, e incluso, tres de cada cinco personas
de ese grupo social sufren violencia dentro de la familia, algunos otros son
víctimas de maltrato, ataques psicológicos, insultos y robo de su patrimonio.

En otro punto abordado en la sesión de este jueves, por mayoría de votos, los
Diputados Locales avalaron el acuerdo de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, por el que se
desecha, por notoriamente improcedente, la solicitud de suspensión y/o
revocación de mandato que presentó -el tres de octubre de este año- Esperanza
Minor Sánchez, en contra de Anabell Ávalos Zempoalteca y de Héctor Martínez
García, en su carácter de presidente y síndico, respectivamente, del municipio de
Tlaxcala.

La petición se dio luego de que en 1999, la entonces autoridad del municipio de
Tlaxcala, la despojó del bien inmueble denominado “El Potrero”, ubicado en la
comunidad de San Gabriel Cuauhtla, y pese a no tener título legal de propiedad, el
ayuntamiento construyó un espacio deportivo, instaló juegos infantiles y la “Casa
del Abuelo”.

Sin embargo, los Legisladores consideraron que tras analizar la petición, no
existen elementos para iniciar un procedimiento en contra de la alcaldesa ni el
síndico de aquella demarcación.